En el contexto de una profunda sequía que veníamos sufriendo los mendocinos desde hace ya más de una década y que rápidamente deberíamos ocuparnos para mitigar sus efectos, desde las distintas instituciones, los diferentes actores económicos de Mendoza y junto a especialistas en la materia, se está proponiendo un debate serio sobre las distintas herramientas legales y técnicas para buscar soluciones. Por eso y más allá de los fondos que necesita la provincia para avanzar en las obras necesarias que mitiguen los efectos de la sequía, desde esos ámbitos buscan consensuar una herramienta necesaria que tenga como objetivo ordenar y sistematizar toda la legislación dispersa que existe en la provincia con respecto al régimen del agua.
El Gobierno de la Provincia junto al Departamento General de Irrigación (DGI), buscan redactar un Código de Aguas en consenso con todos los actores de la provincia. Es decir un texto unificado que reúna desde los aspectos establecidos en la Constitución provincial, hasta las legislaciones actuales, modificaciones y futuras incorporaciones. Si bien el debate por el agua y sus regulaciones en la provincia siempre generan disputas y ocasionan «miedos y dudas», los expertos en la materia están intentan llevar coherencia y tranquilidad en la discusión. Revista La Bolsa, tuvo una interesante charla con la especialista mendocina y Doctora en Derecho de Agua y Ambiente, Marcela Andino, que nos explica algunas particularidades de esta moderna herramienta. Compartimos aquí el audio…..
El proceso contempla una amplia participación de actores que se irán incorporando en las diversas etapas. Primero se armará una comisión redactora, luego otra de revisión y finalmente un texto pulido para que la Legislatura provincial lo apruebe. Esta ley final podría estar lista antes de finalizar el 2023.
Una vez redactado lo que concierne a lo más técnico del Código de Aguas, se avanzará hacia otra comisión más institucional que tendrá una amplia participación de organismos como representantes de la Legislatura provincial, Asesoría de Gobierno, Fiscalía de Estado, el ámbito académico, el Poder Judicial, entre otros.
